Crowdfunding”. Competencia a la financiación tradicional | Artí­culos | E-Consulting.es Abogados & Gestores
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        Una de las consecuencias más graves de la demoledora crisis financiera que viene golpeando de forma contumaz el tejido empresarial en los últimos años ha sido, sin duda, la fuerte retracción del crédito a las empresas, situación que ha provocado una sustancial disminución de la capacidad de puesta en funcionamiento de nuevos proyectos de inversión, o del mantenimiento de los ya en curso.

        El nocivo entorno económico descrito ha revelado la necesidad coyuntural de arbitrar fórmulas de financiación alternativas, entre las que ocupa un lugar destacado el crowdfunding o financiación colectiva, formula a través de la cual es posible financiar un proyecto empresarial mediante fondos ofrecidos masivamente por un gran número de potenciales inversores, que aportan sus recursos en cuantía relativamente reducida, permitiendo asegurar los fondos necesarios para financiar el proyecto seleccionado junto a la limitación del riesgo de pérdida.

        En este sentido, con carácter general, para conseguir financiación para un determinado proyecto de inversión a través del crowdfunding tan sólo es necesario registrarse en una plataforma web diseñada al efecto, a través de la cual se detallan las características del proyecto a emprender, así como el importe requerido y el tiempo de duración de la campaña (Bedia, 2012).

        El crowdfunding, que muchos entienden como un tipo de mecenazgo en la era moderna, parece que tuvo su origen en el año 1997, cuando el grupo británico de rock Marillion consiguió financiar a través de internet una de sus giras (Free Culture Forum, 2012). Su acogida a nivel mundial ha tenido gran relevancia, tal como lo acredita que exista un importante número de plataformas en diversos países en todo el mundo, entre los que también se encuentra España, las cuales son una vía alternativa a la intermediación financiera, dadas las dificultades de acceso al crédito de numerosos proyectos empresariales como consecuencia de la crisis económica desde el año 2008

        El concepto de crowdfunding se asocia a una forma de financiación colectiva de proyectos de inversión promovidos por personas físicas o jurídicas (promotores de proyectos), que utiliza como sede el portal virtual que ofrece internet (plataforma electrónica) para llegar a un amplio espectro de posibles inversores (aportantes de fondos), lo que la convierte en una opción dirigida a masas, usualmente relacionada con temas artísticos y culturales, pero sin convertirse de forma exclusiva en su única temática, por lo que no podemos considerarlo como un mecenazgo en sentido estricto (Free Culture Forum, 2012). La Comisión Europea se ha pronunciado expresamente sobre el concepto del crowdfunding indicando que “es una forma alternativa emergente de la financiación que conecta directamente a los que pueden dar, prestar o invertir el dinero con los que necesitan financiación para un proyecto específico”. (Comisión Europea, 2013b).

        Abundando en la figura del gestor, sobre la que pivota la esencia de la financiación a través de la fórmula del crowdfunding, este podrá actuar simplemente como un prestador de servicios, propiciando la existencia de un entorno de interacción electrónica restringido que proporcione a los usuarios registrados el acceso a los servicios y aplicaciones básicas necesarias para que los promotores de proyectos puedan exponerlos a través de la plataforma creada al efecto, facilitando simultáneamente a los potenciales inversores la realización de sus contribuciones, actividades todas ellas que en síntesis permiten afirmar que “el gestor actúa como un intermediario electrónico generador de un entorno de confianza y fiabilidad” (Rodríguez, 2013).

        No obstante, la posición a adoptar por el gestor podría ser más dinámica, tomando bajo su responsabilidad otro tipo de acciones tales como gestionar las aportaciones o tramitar los préstamos garantizando su devolución, por lo que la regulación jurídica de este tipo de actuaciones debería contemplar las diferentes posibilidades que ofrece esta versátil forma de financiación.

        El desarrollo de esta emergente forma de financiación a nivel mundial ha sido espectacular en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos y Europa, siendo prueba de ello que según los datos del año 2013, los proyectos financiados bajo esta fórmula en Europa alcanzaron una cifra próxima a 750 millones de euros, mientras que a nivel mundial dicho importe se elevó hasta los 2.700 millones dólares, de los que 13 millones de dólares (unos 10 millones de euros) se dedicaron a proyectos radicados en España (El Confidencial, 2014), lo que evidencia la importancia que esta figura presenta en nuestro país, motivo por el cual surge la necesidad de establecer un marco jurídico al efecto.

        Ante el fuerte crecimiento experimentado por el crowdfunding, el pasado año 2013 la Comisión Europea se planteó el estudio del valor añadido generado por este tipo de operaciones a través del lanzamiento de una consulta en la que invitaba a los potenciales interesados a compartir opiniones para poner de manifiesto sus posibles beneficios y riesgos, todo ello con el fin de obtener una base sólida para crear un marco jurídico que garantice su potencial desarrollo (Comisión Europea, 2013a). La actuación de la Comisión viene avalada por las cifras que incluye en su informe sobre la consulta a la que acabamos de hacer referencia, de las que se desprende que en 2012 el crowdfunding en Europa registró un crecimiento estimado del 65% en comparación con el año 2011, alcanzando la cifra de 735 millones de euros, que se muestra altamente prometedora de cara al futuro en comparación con la disminución del mercado europeo de capital riesgo, que presentó un descenso de 3.000 millones de euros (Comisión Europea, 2013b).

        En relación a la regulación de crowdfunding en Europa, Michel Barnier, comisario responsable de dicha figura, ha puesto de manifiesto en 2013 la necesidad de establecer un marco normativo común, con la finalidad tanto de apoyar a las plataformas que sirven de soporte a dicha figura, como para minimizar los riesgos de los inversores, (web Observatorio Injuve, 2013), añadiendo que su desarrollo normativo básico a nivel europeo imitará probablemente al modelo estadounidense, que está siendo desarrollado por el Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) como regulador del sector financiero de Wall Street, en colaboración con la Securities and Exchange Commission (SEC) en su calidad de regulador bursátil (web La carta de la bolsa, 2013).

        La Comisión Europea considera que el crowdfunding puede adoptar variadas formas para dar respuesta a la persistente crisis financiera (Comisión Europea, 2013b), y en este sentido, es posible identificar los siguientes modelos de crowdfunding (Crowdfunding Industry Report, 2012):

  • Equity-based crowdfunding: se basa en la participación de los inversores en el capital de sociedades mercantiles, con el fin de conseguir un retorno mediante beneficios, rentas y acciones y/o participaciones.
  • Lending-based crowdfunding: se soporta en préstamos obtenidos de los aportantes, con o sin intereses, donde los activistas actúan como prestatarios y los inversores como prestamistas, si bien estos préstamos conllevan algunos riesgos, por la dificultad que implica verificar la solvencia de las entidades que actúan como prestatarios.
  • Reward-based crowdfunding: su finalidad es la financiación de proyectos a cambio de recompensas de carácter no financiero para los inversores.
  • Donation-based crowdfunding: está dirigido básicamente a la financiación de proyectos sociales, abanderados generalmente por entidades sin ánimo de lucro, mediante aportaciones en forma de donaciones. 

        En consonancia con la relevancia que el crowdfunding está presentando en la actualidad, recientemente el Gobierno español ha decidido el necesario establecimiento de medidas básicas para su desarrollo, motivo por el cual el pasado 28 de febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el nteproyecto de Ley sobre Fomento de la Financiación Empresarial (Mineco, 2014), en cuyo Título V se hace específica referencia al régimen jurídico de dicha figura bajo la denominación de Plataformas de Financiación Participativa (PFP), que la citada normativa (art. 43.1) define como “sociedades que pongan en contacto a través de páginas web a una pluralidad de inversores con promotores de proyectos de financiación participativa”, debiendo reunir como requisitos financieros un capital social igual o superior a 50.000 euros o disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional, aval u otra garantía equivalente para hacer frente a la responsabilidad por negligencia con una cobertura de 150.000 euros para todo tipo de reclamaciones (art. 56). El Anteproyecto de Ley circunscribe el concepto de «proyecto» a aquellas solicitudes de financiación cuyas características sean las siguientes (art. 44):
i) estar destinadas a una pluralidad de personas (físicas o jurídicas) que esperan obtener un rendimiento monetario (y que no invierten profesionalmente);
ii) estar realizadas por promotores (personas físicas o jurídicas) que solicitan la financiación en nombre propio; iii) su financiación debe estar vinculada a un proyecto concreto de tipo empresarial o personal (excluida la financiación de terceros), y
iv) su modalidad de financiación debe estar plasmada a través de inversiones en el capital social de las PFP o bien mediante préstamos (art. 45.1), excluyéndose, por tanto, otras formas de financiación reconocidas en el extranjero a través de las figuras de la donación, el préstamo sin intereses o la compraventa.

        En el caso de que las PFP utilicen la vía de los préstamos para formalizar la financiación al promotor por parte de los aportantes, el organismo regulador será el Banco de España, mientras que si se opta por la inversión en el capital societario de las PFP, dicha misión competerá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (art. 54).

        Desde la perspectiva de la protección al inversor, cabe subrayar que el Anteproyecto de Ley limita a 1.000.000 de euros la cantidad que se puede recaudar para un proyecto (art. 45), al tiempo que acota los importes máximos de las aportaciones por persona, estableciendo un máximo de 3.000 euros por proyecto y hasta 6.000 euros en varios proyectos de la misma plataforma en un período de 12 meses (art. 70).

        En España operan diversas plataformas, tales como Verkami (2014), Goteo (2014) y Lánzanos (2014), plataforma esta última que se muestra como una de las más representativas del sector, y que desde su creación en 2010 a través de la figura jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada ha permitido la captación de recursos para 1.500 proyectos, especialmente relacionados con cultura y tecnología, entre otros (Free Culture Forum ,2012).

        En un entorno económico de importantes dificultades para acceder al crédito, la aplicación de las nuevas tecnologías para el desarrollo de entornos electrónicos capaces de relacionar demandantes y oferentes de recursos financieros con el fin de financiar proyectos empresariales, ha permitido generar una forma alternativa de financiación a la intermediación financiera denominada genéricamente crowdfunding, término al que la futura legislación española, en trámite parlamentario, se refiere con el calificativo de «Plataformas de Financiación Participativas» (PFP).

        El creciente desarrollo de esta nueva figura, tal como se pone de manifiesto en las importantes cifras de inversión alcanzadas tanto a nivel internacional como nacional, plantea la necesidad de su regulación jurídica, que en España ha tomado carta de naturaleza a través de la iniciativa legislativa del Gobierno plasmada en el Anteproyecto de Ley sobre Fomento de la Financiación Empresarial, que delimita los conceptos básicos para el desarrollo del crowdfunding, aunque con ciertas críticas respecto a los límites máximos fijados para la captación de recursos, por lo que sería deseable consensuar una legislación comunitaria que armonizase el funcionamiento de las PFP, dado el previsible trascendente desarrollo futuro de esta forma alternativa de financiación. 

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