Deber de secreto | Artí­culos | E-Consulting.es Abogados & Gestores
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Se entiende por secreto el conocimiento sobre algo, que a su vez, es desconocido por los demás. Enfocando un poco más, podremos definirlo como la información de contenido oficial o administrativo, conocida por un círculo reducido de personas, cuyo carácter secreto viene dispuesto por una ley.

Por su parte, en la definición que otorga el Diccionario Jurídico Español (RAE) al deber de secreto, este tiene diferentes y variados ámbitos de aplicación:

  • “SECRETO: INFORMACIÓN CONOCIDA POR UNOS POCOS, CUYO CARÁCTER SECRETO VIENE ESTABLECIDO POR UNA LEY”.
    General. Obligación que tienen los miembros de ciertas profesiones, como médicos y abogados, de no descubrir a tercero los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión.
  • Administración Pública. Obligación de las autoridades y empleados públicos de guardar el secreto de informaciones, a las que puedan acceder por razón de su cargo, y cuya difusión esté legalmente prohibida.
  • Parlamentario. Deber de los parlamentarios, consistente en mantener reserva sobre aquellas actuaciones y debates parlamentarios que, excepcionalmente, puesto que el
  • principio general de la actuación y el debate parlamentario es la publicidad, hayan sido declarados secretos, caso de lo debatido en la comisión de secretos oficiales, o en la comisión del estatuto del diputado, o de lo debatido en sesiones declaradas secretas.
  • Mercantil. Obligación del administrador de guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozca como consecuencia del ejercicio de su cargo, aún después del cese, salvo que la información le sea requerida por las autoridades de supervisión, o las leyes permitan su difusión.
    “EL DEBER DE SECRETO ABARCA MUCHOS PLANOS DE LA VIDA COTIDIANA: GENERAL, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARLAMENTARIO, MERCANTIL, PROTECCIÓN DE DATOS, ETC….”
  • LOPD. Obligación de cualquier persona, que trata datos personales, de guardar los mismos con sigilo, impidiendo su revelación a terceros; el artículo 10 de la LOPD trata en profundidad el secreto profesional.

Nos vamos a centrar, en el presente trabajo, en el análisis de las implicaciones de este deber, en el plano mercantil, es decir en aspectos relacionados con:

  • Delitos que consisten en el apoderamiento o revelación de un secreto de empresa.
  • Espionaje empresarial, industrial, comercial, informático, etc…
  • El deber de secreto de los administradores se fundamenta en que, sin ser los dueños, tienen acceso a toda la información valiosa para la sociedad, de manera que pueden apropiarse de los beneficios derivados de dicha información – explotando el secreto en su beneficio particular – o dañar a la sociedad haciendo pública una información que es valiosa, precisamente mientras se mantenga secreta.
“DEBER DE SECRETO PROFESIONAL: OBLIGACIÓN DEL ADMINISTRADOR, DE GUARDAR SECRETO SOBRE LAS INFORMACIONES, DATOS, INFORMES O ANTECEDENTES QUE CONOZCA COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE SU CARGO, AÚN DESPUÉS DEL CESE, SALVO QUE LA INFORMACIÓN LE SEA REQUERIDA POR LAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN, O LAS LEYES PERMITAN SU DIFUSIÓN.”

Si el deber de lealtad les obliga a anteponer los intereses de la sociedad sobre los propios, y a abstenerse de cualquier conducta que pueda dañar los intereses de la sociedad que administran, parece indudable que dichos deberes les obligan al sigilo.

Este deber se configura de forma simple como guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera.

La motivación de la conducta del administrador es irrelevante, infringe el deber aunque no le mueva la obtención de una ventaja particular y haya obrado, simplemente, por descuido o ligereza. Cabe, pues la infracción a título de culpa.

La información sobre la que ha de guardarse secreto es la información que reúna tres características:

  • que sea de carácter societario.
  • “APODERAMIENTO O REVELACIÓN DE UN SECRETO DE EMPRESA.”
    que no sea pública, es decir, que mantenga carácter confidencial.
  • que quepa deducir que existe un interés de la sociedad en que no se divulgue. Esta información incluye las deliberaciones del consejo de administración.

El carácter societario permite limitar el deber de secreto a las informaciones que tengan conexión con la sociedad, de la que el individuo es administrador, que éste hubiera obtenido como consecuencia o en conexión con su cargo de administrador, lo que incluye solo la información obtenida durante la vigencia de su cargo, de manera que, en principio, el administrador puede revelar la información que hubiera conocido antes de ser nombrado administrador o después de cesar en el cargo. 

“ESPIONAJE EMPRESARIAL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INFORMÁTICO, ETC…”

La relación con la prohibición es directa: el deber de secreto garantiza que la información relevante (la que podría provocar una subida o bajada de la cotización de las acciones en la bolsa) no sale fuera del círculo de los conocedores de la información – y que nadie compra o vende acciones sobre la base de esa información. Pero este deber de no realizar transacciones sobre las acciones de la sociedad sobre la base de información confidencial de la compañía se extiende a los administradores de cualquier sociedad y no solo de las sociedades cotizadas, como expresión del deber de lealtad del administrador y del socio de control.

El deber se prolonga tras la terminación de su relación con la sociedad, aunque nada tiene de especial que un deber contractual perdure una vez extinguido el contrato. En este sentido, sucede con el deber de secreto, algo semejante al deber de no competencia derivado de un pacto contractual. Naturalmente, el deber de secreto tras el cese como administrador, sólo se extiende en la medida en que la información siga siendo secreta, y se extiende indefinidamente, lo que sucede es que la acción para exigir responsabilidad indemnizatoria al administrador que incumpla tal deber, se regirá por las reglas de prescripción que sean aplicables.

Con respecto a los sujetos obligados por el deber de secreto son todos los administradores, siendo irrelevante la estructura del órgano de administración, lo que tiene perfecta lógica porque el deber de evitar daños a los activos sociales y el deber de no apropiarse de ventajas sociales se imponen a todos los administradores, con independencia de que tengan el carácter de administradores ejecutivos o sólo de consejeros.

“EL ADMINISTRADOR PUEDE VERSE OBLIGADO A REVELAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PORQUE SE LO IMPONGA UNA NORMA LEGAL, O PORQUE SEA NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS DEBERES GENERALES DE GESTIÓN DILIGENTE Y LEAL DE LA SOCIEDAD”

Cabe esperar, lógicamente, que la información confidencial de la que dispongan los consejeros ejecutivos sea mayor que de la que disponen los independientes.

La obligación se extiende a los administradores de hecho.
Se extiende también a los administradores nombrados por el sistema de cooptación, a los suplentes desde que se activa su nombramiento y a los nombrados a través del sistema de representación proporcional.

Y por último, también se extiende a las personas físicas designadas por los administradores-personas jurídicas para que les representen. Estas personas tendrán deber de informar a la persona jurídica que les designó. La regulación legal no se entiende porque parece razonable considerar que el deber de secreto pesa sobre la persona jurídica que es la administradora y, por tanto, la obligada a mantener el secreto frente a la sociedad.

Vamos a analizar ahora las excepciones al deber de secreto, las cuales son muy amplias.

El administrador puede verse obligado a revelar información confidencial porque se lo imponga una norma legal, o porque sea necesario, precisamente, para dar cumplimiento a sus deberes generales de gestión diligente y leal de la sociedad. 

Dentro del primer grupo están, por ejemplo, las normas del mercado de valores que obligan a las sociedades cotizadas a informar de todo hecho relevante, o decisión que pueda influir de forma sensible en la cotización, o las normas que obligan a publicar y depositar en un registro público las cuentas de la sociedad.

Además, existen muchas normas que obligan a los administradores a comunicar determinada información, bien a la Administración pública, bien a determinados terceros (socios, trabajadores…). Piénsese, por ejemplo, en la información contenida en una solicitud de autorización de una operación de concentración, en la información facilitada a un socio como consecuencia del ejercicio del derecho de información, en la información al comité de empresa, en la facilitada a un tercero interesado en adquirir la compañía (aunque lo normal es que pese sobre quien recibe esa información un deber de confidencialidad), ETC…

“INFORMACIÓN SOBRE LA QUE RECAE: SOCIETARIA, NO PÚBLICA Y CON INTERÉS DE LA SOCIEDAD EN QUE NO SE DIVULGUE.”

La gestión diligente y leal de la sociedad puede autorizar, o incluso obligar a los administradores, a comunicar información confidencial a terceros. Los casos más obvios son los de:

  • la información facilitada a personas que forman parte de la organización societaria (directivos, empleados), y sin la cual estos no podrían desarrollar adecuadamente su trabajo.
  • la facilitada a un proveedor para que adapte el producto que se le ha
  • encargado a las necesidades de la compañía.
  • la aportada a un banco para incitarle a conceder crédito a la sociedad.
  • la entregada a otra sociedad con la que se va a constituir un acuerdo de colaboración, o a los abogados de la compañía, o a los consultores, asesores fiscales, mercantiles o financieros, o a los distribuidores o franquiciados o al franquiciador, o a un tercero que desea hacer una oferta a los accionistas de la compañía para comprarles su participación, y necesita conocer la situación de la empresa.

“RECAE PRINCIPALMENTE SOBRE LOS ADMINISTRADORES, DE HECHO O DE DERECHO.”

“INFORMACIÓN FACILITADA A DIRECTIVOS O TRABAJADORES, PROVEEDORES, BANCOS, ASESORES, CONSULTORES, FRANQUICIADOS, ETC… FORMA PARTE DEL REPERTORIO DE EXCEPCIONES LIMITADAS AL DEBER DE SECRETO.”

Por su parte, el deber de secreto no ampara la confidencialidad de las actuaciones ilícitas de la sociedad.

El administrador vendrá, incluso, obligado por otras normas a comunicar dicha información. Pero la revelación legítima es sólo la dirigida por el administrador a la autoridad judicial o administrativa competente y, en la medida en que la destitución es una decisión libérrima de la sociedad, nada impide que la sociedad destituya al administrador que haya comunicado la información a las autoridades aunque lo haya hecho en cumplimiento de un deber superior a su deber de lealtad hacia la sociedad. 

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