Disolución de la sociedad por pérdidas y responsabilidad de los administradores | Artí­culos | E-Consulting.es Abogados & Gestores
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Entre las diversas causas de disolución y extinción de una sociedad, la Ley de Sociedades de Capital establece como causa de disolución de toda sociedad de capital las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

Si el órgano de administración no actúa, podría surgir la responsabilidad de los mismos. La disolución de una sociedad por pérdidas es una cuestión que adquiere especial relevancia en momentos de crisis económica como los actuales, en los cuales son muchas las empresas que cierran sus ejercicios con cuantiosas pérdidas.

En un trabajo anterior, vimos como podíamos analizar e interpretar el balance de situación de nuestra empresa, sin ser auténticos expertos en contabilidad y finanzas. Si traemos a colación una parte de los contenidos del mismo, recordaremos que, en el apartado de la estructura financiera, nos podíamos encontrar tres grandes capítulos:

  • “CAUSA DE DISOLUCIÓN OBLIGATORIA SI LAS PÉRDIDAS HAN HECHO DISMINUIR EL VALOR DEL PATRIMONIO POR DEBAJO DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.”
  • “LOS ADMINISTRADORES ESTÁN OBLIGADOS A CONVOCAR A LA JUNTA PARA DISOLVER LA SOCIEDAD O INSTAR EL CONCURSO DE ACREEDORES.”
  • Fondos propios o patrimonio neto.
  • Pasivo no corriente o endeudamiento a largo plazo.
  • Pasivo corriente o endeudamiento a corto plazo.

La causa obligatoria de disolución de las sociedades mercantiles, como consecuencia de pérdidas, tiene que ver con la valoración de las partidas de los fondos propios o patrimonio neto.

Como vimos en su momento, el valor total de esta masa patrimonial, refleja el valor neto contable de la empresa en un momento determinado.

Esta masa patrimonial está formada, en términos generales, por las siguientes partidas:

  1. Capital social: desembolso que hicieron los socios al momento de constitución de la sociedad.
  2. Reservas (de todo tipo): beneficio generado por la sociedad que no se ha repartido entre los socios, en forma de dividendos. Por tanto, son beneficios que han servido para la autofinanciación de la sociedad.
  3. Remanente y resultados de ejercicios anteriores: situación transitoria del resultado de años anteriores (ya sea beneficio o pérdidas), antes de decir qué aplicación se le da.
  4. Resultado del ejercicio. Similar a la partida anterior, pero referido solo al resultado del ejercicio actual.

Podemos establecer que, el proceso normal del resultado es el siguiente:

  • En primer lugar, se genera el resultado del ejercicio actual, ya sea positivo o negativo.
  • Si no se le da ninguna aplicación específica, pasa a formar parte de la partida remanente y resultados de ejercicios anteriores. Igualmente, puede esta partida ser positiva o negativa.
  • Los resultados positivos que se destinan a fortalecer la situación financiera de la empresa, pasa en última instancia a componer las reservas de la misma, sean del tipo que sean (legal, voluntarias, estatutarias, etc…).

Supongamos una sociedad con 10 años de antigüedad y la siguiente estructura de patrimonio neto:

  • Capital social: 50.000 €.
  • Reservas: 36.000 €.
  • Resultados de ejercicios anteriores: 15.000 €.
  • Resultado del ejercicio: 10.000 €.
  • “SI INCUMPLEN LA OBLIGACIÓN ANTERIOR, RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE DE TODAS LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD.”
  • “SE PUEDE EVITAR ESTA SITUACIÓN CON OPERACIONES QUE AUMENTEN EL % QUE SUPONEN LOS FONDOS PROPIOS SOBRE EL CAPITAL SOCIAL.”

Esta sociedad tiene un patrimonio neto de 111.000 €, al finalizar su año 10º de actividad económica.

Supongamos que en el ejercicio 11º obtiene pérdidas, por importe de 20.000 €. Su patrimonio neto estructural habría cambiado a:

  • Capital social: 50.000 €.
  • Reservas: 36.000 €.
  • Resultados de ejercicios anteriores: 15.000 € + 10.000 € = 25.000 €
  • Resultado del ejercicio: -20.000 €.

Su patrimonio neto ahora asciende a 91.000 €. Es obvio que las pérdidas del ejercicio 11º han reducido el patrimonio neto de 111.000 € a 91.000 €.

También es obvio que los resultados negativos y pérdidas en la cuenta de resultados, disminuyen el valor del patrimonio neto, y por ende, de la situación e imagen financiera y de solvencia de la empresa.

Lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, con esta causa de disolución obligatoria, para esta empresa en particular es que: las pérdidas en ejercicios económicos pueden reducir el patrimonio neto hasta un límite de 25.000 euros (50% del capital social), sin entrar en causa de disolución obligatoria. Una vez que las pérdidas haya hecho disminuir el patrimonio neto por debajo de esta cifra (25.000 € = 50% del capital social), la sociedad estaría obligada a disolverse y extinguirse, mediante acuerdo de su Junta General de Socios.

Llegada esta situación, la ley de sociedades de capital concede un plazo de dos meses al órgano de administración para convocar la Junta, en caso contrario, responderán solidariamente de todas las deudas de la sociedad generadas desde que tuvieron obligación de convocar la Junta, es decir, desde el mismo momento que conocieran las pérdidas o desde que se debieron formular las cuentas anuales (3 meses desde el cierre del ejercicio).

Como hemos comentado con anterioridad, La Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece como causa de disolución de toda sociedad de capital las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. Aunque es una causa legal de disolución, esta no se produce de forma automática, sino que requiere el previo acuerdo de la junta general. La LSC así lo impone, facilitando, no obstante dicho acuerdo pues el mismo, tanto en la sociedad anónima como en la sociedad limitada, se toma con las llamadas mayorías ordinarias: mayoría de votos válidamente emitidos (en el caso de S.L.) y mayoría ordinaria de votos de los accionistas preferentes o representados (para el caso de S.A.).

Ahora bien para la celebración de esta junta será necesario, en todo caso, que la misma sea convocada por el órgano de administración. A estos efectos, la LSC dispone expresamente que los administradores convocarán la junta general en el plazo de 2 meses para que adopte el acuerdo de disolución, o si la sociedad fuera insolvente inste el concurso.

Aunque no dice nada la LSC, será a partir del momento de la aprobación de las cuentas anuales por parte de la junta general, sin adopción de ningún otro acuerdo de remoción de la causa, cuando en base a la imagen real y fiel del patrimonio de la sociedad y de sus resultados, resultante de dichas cuentas, cuando el administrador deberá en el plazo de 2 meses convocar la junta general.

  • “SE PUEDE EVITAR ESTA SITUACIÓN CON UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR NUEVAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS.”
  • “SE PUEDE EVITAR ESTA SITUACIÓN CON UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE DEUDA.”

La LSC no especifica si es necesario que en el orden del día conste no sólo el acuerdo de disolución de la sociedad, sino el alternativo de instar el concurso. No obstante, debemos entender que sí, es decir, en el orden el día debe plantearse la disyuntiva de acordar la disolución o instar el concurso. Si no constara esta segunda posibilidad, la sociedad sólo podrá acordar su disolución imposibilitando la solicitud de la declaración de concurso por acuerdo de la junta.

Si el órgano de administración no actúa en la forma señalada, es decir no convoca la junta, o no solicita la disolución judicial, o no insta el concurso, es cuando surge la responsabilidad de los administradores solidariamente con la sociedad. La LSC señala que responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de 2 meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

No obstante, antes de llegar a estas opciones, hay varias alternativas para evitarlas:

  • Reducir el capital y compensar las pérdidas habidas, de forma que el patrimonio neto no se vea alterado, pero sí el % que supone el mismo sobre el capital social (ahora con un valor más reducido).
  • Ampliación de capital por capitalización de deuda, o lo que es lo mismo, convertir a algunos acreedores en socios de la sociedad. Esto altera el valor del patrimonio neto (al alza) y el % que éste supone sobre el capital social.
  • Aportaciones de socios para compensar pérdidas. Se trata de la entrada de nuevos fondos en la sociedad, procedentes de los socios actuales, o también de nuevos socios, con la finalidad de compensar las pérdidas habidas en ejercicios anteriores.
  • Reducción y aumento de capital simultáneo, lo que se conoce como “operación acordeón”. Se reduce capital por compensación de pérdidas y se amplía al mismo tiempo, ya sea por nuevas aportaciones de socios o por compensación de deudas.
    • “SE PUEDE EVITAR ESTA SITUACIÓN CON UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL POR COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS.”

     

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