Nuevos criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema de dependencia

La Secretaría de Estado de derechos sociales publica un nuevo Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema. La acreditación afecta a los de titularidad privada, también a los concertados y a los no concertados pero que prestan servicio a los dependientes que reciben una prestación económica vinculada. 

Los servicios de titularidad pública, aunque no se acreditan, deben respetar los estándares de calidad fijados. Las CCAA tienen que aprobar en el plazo de 9 meses la normativa que implemente el Acuerdo. Aunque tal normativa se aplicara, en principio, a las nuevas acreditaciones, también ha de preverse un calendario de adecuación paulatina a los nuevos requisitos por los centros y servicios ya acreditados o que estuvieran en proceso de acreditación. En todo caso, la fecha límite para el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo es el 31-12-2029.

El Consejo Territorial del SAAD ha acordado los nuevos criterios comunes  sobre acreditación de centros, servicios y entidades de titularidad privada, garantizando la calidad del servicio en todo el territorio nacional. Este acuerdo que sustituye a un Acuerdo previo  de 27-11-2008, que fue modificado posteriormente en relación con las cualificaciones profesionales y procesos de habilitación. Como el anterior Acuerdo, este también debe implementarse por las CCAA  que poseen la competencia de acreditación siguiendo los criterios comunes fijados. La fijación de estos criterios forma parte de los 12 puntos para la mejora del SAAD aprobados en el “Plan de choque” por el pleno del Consejo Territorial el 15-1-2021, acompañado de un Acuerdo de bases y una hoja de ruta de 16-7-2021.

El Acuerdo  que publica la Resolución que se comenta se estructura en 3 secciones con diferentes títulos:

La 1ªSección: en el Título I se realizan algunas consideraciones generales sobre la acreditación y su ámbito de aplicación. Aunque solo han de someterse a la acreditación los servicios de titularidad privada, también cuando estén concertados, los criterios de calidad  establecidos han de ser considerados por todos servicios susceptibles de estar contenidos en el PIA de cada persona, esto es, con independencia de titularidad  pública o privada; de provisión pública directa o concertada. De hecho, también se refieren a los servicios cuya provisión se articule mediante una prestación económica vinculada  dirigida a la persona en situación de dependencia. Sin acreditarse, los servicios de titularidad pública deben observar las condiciones y requisitos de calidad y garantía en las prestaciones que se exijan para la acreditación de los centros y servicios privados (punto 1º del Acuerdo).

Su título II se refiere a la calidad en el empleo,  la cualificación, el fomento de la formación. En concreto se hace referencia al personal de atención directa que puede ser (punto 8º del Acuerdo):

a) De primer nivel (Ad1N)  fijando sus cualificación y acreditación de competencias, estableciendo una habilitación excepcional, provisional y un régimen especial de zonas rurales o insulares. Respecto de la habilitación excepcional  a las personas cuidadoras, gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales, que hasta el día en el que entre en vigor el presente Acuerdo, acrediten una experiencia  de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente, o sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado y tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada  con las competencias profesionales que se quieran acreditar en los últimos 12 años. Esta habilitación excepcional en la categoría que corresponda exige presentación de solicitud,  según se determine en la normativa autonómica del lugar donde esté ubicada la empresa donde haya prestado sus últimos servicios la persona solicitante. Deberán expedir una certificación individual  de la habilitación las Administraciones públicas competentes en Servicios Sociales, o aquel organismo público que determine la Comunidad Autónoma. En todo caso, dichas certificaciones tendrán validez en todo el territorio del Estado.

b) De segundo nivel (Ad2N) que ha de poseer titulación universitaria de grado o equivalente, o titulación de Formación Profesional de Grado Superior en las ramas sociosanitaria.

En ese título II del Acuerdo incorpora un apartado para el aseguramiento de la coordinación entre el sistema de servicios sociales y el sistema sanitario.

En los títulos III y siguientes  se recogen los requisitos de acreditación  comunes a todos los servicios y los específicos: atención residencial; centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia. Hay que tener en cuenta que hay requerimientos específicos para los centros residenciales y centros de día  los de titularidad y gestión pública cuyo proyecto aún no se haya licitado por parte de las Administraciones públicas, o aquellos de titularidad privada que no dispongan de la licencia de obra (punto 17 del Acuerdo). Los restantes centros de día que superen las 50 plazas deben presentar y ejecutar un plan de adecuación que garantice la atención personalizada en unidades de estancia diurna independientes. Este requisito no será de aplicación a los centros de carácter ocupacional (punto 21 del Acuerdo).

La 2ªSección: elabora referenciales comunes de calidad para el sistema y aborda la creación de la Ponencia técnica de evaluación y calidad del SAAD como garantía para la mejora del mismo, la transparencia y la dación de cuentas.

La 3ªSección: establece el régimen competencial; las condiciones de financiación; el plazo para desarrollar las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo; y el correspondiente régimen transitorio.En este último sentido, se específica que en el plazo máximo de 9 meses desde la aprobación del acuerdo han de aprobar  las disposiciones normativas que, en su caso, resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el mismo. Hasta la entrada en vigor de tal normativa, se mantiene la acreditación vigente de centros, servicios y entidades (punto 39 del Acuerdo).

La normativa de acreditación administrativa que se apruebe ha de contemplar un calendario de adecuación paulatina a los requisitos fijados en el acuerdo por los centros y servicios previamente acreditados o que hayan iniciado el procedimiento de acreditación con anterioridad. En todo caso, la fecha límite para el cumplimiento de las obligaciones es el 31-12-2029.

Transcurrido un año de la entrada en vigor  de las disposiciones normativas que se aprueben para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo: una mayoría de CCAA pueden solicitar, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la evaluación del impacto de este Acuerdo , y proponer, en su caso, una modificación de mismo. Está prevista la creación de una Comisión de Seguimiento del Acuerdo para velar por su sostenibilidad y analizar el grado de implantación y su impacto en cada CCAA, en relación a los resultados del informe de evaluación del SAAD (punto 42 del Acuerdo).

En ese mismo sentido, en el plazo de dos años desde tal entrada en vigor, han de presentar además (punto 40 del Acuerdo):

  • El plan de transición o adecuación.
  • Informes anuales que expliquen y acrediten las actuaciones y mejoras realizadas para el acercamiento al nuevo modelo de atención.Con todo ello se pretende alcanzar el objetivo de hacer una transición progresiva hacia el nuevo modelo de atención que, como ya se ha señalado, debe estar culminada el 31-12-2029.